Silvia Chacón Ramírez, Eleonora Badilla Saxe, Karla Salguero Moya, Yalile Chan Jiménez
Movimiento Mauro Fernández
La educación es la dinámica más común que hacen los habitantes de un país y del planeta en general. Además de ser educables, la naturaleza humana es hacer educación todo el tiempo. De tal manera, la educación de un país es la que cohesiona a todas las demás áreas de la sociedad. Todos los ministerios en mayor o menor medida hacen educación: salud, cultura, relaciones exteriores, etc.
Aquí hay un paralelismo, con el papel que juega la lectoescritura en el desarrollo del conocimiento, si no se lee y escribe bien, pues no se podrá entender Matemática, Ciencias, Estudios Sociales ni nada más. Pues bien, si no se tiene educación y en particular, educación ciudadana para una democracia, nuestra república democrática, multiétnica y multicultural, establecida en la constitución, entonces desaparece, así de simple. De tal manera que la educación se convierte en ese “bien superior” del que nos hablaba Mauro Fernández Acuña
Tomando consciencia del poder de la educación, es que entre los siglos 18 y 19 la sociedad costarricense ensayó un sistema educativo, con la intención de llevar educación a toda la población; finalizando el siglo 19, liderada por don Mauro, se pone en marcha la gran reforma, con visión de largo plazo y que alcanzó para casi 100 años, luego empezó declinar hasta llegar al día de hoy con grandes contradicciones: más experiencia pero menos voluntad, se quiere más innovación sin perder la tradición; se desea una mejor educación, pero al menor costo posible, por mencionar algunas.
¿Y por qué hablamos de una educación a largo plazo?
Porque para mantener nuestra república democrática la educación es la llamada a actuar y cumplir ese precepto. Nuestra visión de largo plazo se desprende inicialmente de la Ley Fundamental de Educación, al pretender una formación ciudadana equitativa para la vida en democracia; hoy día le agregamos el componente de consciencia planetaria, por cuanto nuestra convivencia ya no es solo a lo interno de nuestra sociedad, sino a nivel planetario. Esta labor formativa ocurre durante años y años, se sistematiza de generación en generación; esa sostenibilidad es lo que hace posible que la vida democrática se convierta en cultura, es decir, parte de nuestro comportamiento de todos los días.
Pero esta Ley se convierte en un gran referente, porque además de señalar la visión de largo plazo y el tipo de educación que se requiere, aporta otros dos aspectos esenciales: establece la educación como un derecho y sienta la responsabilidad en el Estado, como el proveedor de una educación amplia y adecuada.
Cuando a la población se le limita su acceso educativo, se atenta contra la vida democrática, el desarrollo pleno de las personas y una vida digna.
Hacienda, un instrumento importante y poderoso
El Ministerio de Hacienda es la institución rectora del Estado en materia de política y gestión fiscal. Una labor que en buena teoría debe efectuarse de manera sostenible y transparente, con miras a “…alcanzar una sociedad más próspera, equitativa y solidaria”, y “…un desarrollo sustentable e inclusivo para toda la sociedad”, de acuerdo con su propia misión y visión. Entonces, sí, la política fiscal y su gestión son instrumentos poderosos, unos que sin ruta y visión estratégica se estrellan contra sí mismas.
La educación es la estrategia estelar, una que siempre debe ser fortalecida, para mantener la vida democrática y la vida digna. Hacienda y el Estado en general deben colocar a la educación en un lugar de prioridad.
La educación como política de Estado
Una política de Estado es una decisión, un acuerdo social que determina el rumbo de un país, siempre tiene visión de largo plazo y por eso trasciende los gobiernos. Es una política que se coloca como prioridad. Se legitima por medio de la constitución, una ley o decreto.
La educación es el mayor acuerdo social que hemos alcanzado: una educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Una idea que inició a mediados del siglo 19 y que nos ha representado hasta hoy, pero su inequidad corre el peligro de convertirse en artífice de una profunda desigualdad social.
Por eso, nuestra propuesta es darle rango de política de Estado a la educación, mediante un proyecto de ley, para designarla como el bien supremo del que nos hablaba Mauro Fernández y colocarla, además, como prioridad estratégica y punta de lanza de todo el desarrollo económico y social del país, de tal manera que trascienda los gobiernos, con miras a garantizar una vida digna y democrática para la sociedad costarricense.
Es necesario que como política de Estado se señale el respeto al piso de inversión establecido en nuestra constitución, del 8% del PIB, el cual debe ser garantizado con los mecanismos normativos que sean necesarios y de ser necesario sancionando su incumplimiento.
Publicado en Educación como bien supremo: Una política de Estado • Semanario Universidad